En los últimos días, el Partido Judicial, con inusitada virulencia, instado por el Gobierno y con el explícito incentivo que le brindan los medios hegemónicos de comunicación han intensificado su campaña de persecución y difamación contra el Gobierno que presidí, con un evidente doble objetivo:
1) Instalar en la opinión pública que el anterior gobierno durante los doce años y medio de gestión tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada.
Se intenta crear un nuevo tipo penal: el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003/2015.
2) Distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial.
Hechos y medios
I.- El viernes 24 de junio, casi todos los medios de prensa concentrados destacaron la medida requerida por el fiscal Gerardo Pollicita, pidiendo el levantamiento del secreto fiscal respecto de mi familia. Pretendían instalar que de ello derivaría un agravamiento de mi situación procesal.
Vale aclarar que la información requerida por el fiscal –cuando pide el levantamiento del secreto fiscal- ya se encuentra incorporada en la causa “Hotesur” desde diciembre del año 2014. Si, desde el 2014 está incorporada la información y consta en 40 cajas de documentación que se encuentran a disposición del juzgado.
Es más, respecto de tal documentación -entre otras obrantes en la causa- el juez Ercolini ordenó hace casi 60 días, el inicio de una pericia contable que el fiscal de manera inexplicable viene dilatando.
II.- El 27 de junio del corriente año, también se dio extraordinaria difusión a la denuncia por asociación ilícita presentada por la diputada oficialista Margarita Stolbizer en las causas judiciales existentes.
Tal presentación carecía de toda originalidad que justificara semejante difusión, máxime cuando ese supuesto delito –de contornos dudosamente constitucionales y que se presenta cuando no se tiene prueba concreta de alguna infracción penal- viene siendo denunciado e investigado desde ya hace varios años y sin que ninguna prueba concreta permita avalarlo.
III.- En la misma fecha, Bonadío, cuando no, me impuso de manera arbitraria e ilegítima la obligación de tener que concurrir nuevamente a su juzgado para cumplir un trámite procesal totalmente insustancial, esto es, notificarme de una resolución que ya conozco y que apelé a través de mi defensa hace más de un mes.
Puede advertirse, una vez más, cómo el poder jurisdiccional conferido a este personaje viene siendo ejercido con fines de venganza.
Simplemente, me permito recordar que el mismo “juez” hace apenas unas semanas, para recibir declaración testimonial en la misma causa, utilizó una vía elemental que da la tecnología, esto es, la videoconferencia, utilizable sobre todo cuando las personas tienen domicilio real a más de 2000 kilómetros de distancia del juzgado.
IV.- En el día de la fecha, nuevamente este oscuro personaje, que cuenta naturalmente con la protección del Consejo de la Magistratura, comandado por el oficialismo y el Partido Judicial, volvió a ordenar nuevos allanamientos en la provincia de Santa Cruz, incluso en domicilios que ya fueron allanados en más de una oportunidad en este último año. Todo ello, con el inequívoco propósito de que la prensa militante en el oficialismo pudiera difundirlos con títulos catástrofe.
V.- Sin embargo, faltaba la frutilla del postre. La pusieron, otra vez, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, los “prestigiosos”, según la prensa hegemónica y oficialista, Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun. Debo recordar que estos mismos jueces se encuentran actualmente denunciados por el delito de prevaricato cometido en mi contra en la causa del “Dólar futuro”.
Esa causa tan particular donde Bonadío dice que la Presidenta, el Ministro de Economía y el directorio del Banco Central del gobierno anterior cometieron un delito para que ganaran plata los miembros del gobierno actual que fue el que devaluó nuestra moneda. También se les ha requerido, a ambos, su juicio político ante el Consejo de la Magistratura, el cual, no lo dudo, obedientemente habrá de rechazarlo con fundamentos que repugnan el más elemental criterio de justicia.
Estas mismas personas, abusando de su posición como jueces de cámara, se ponen al descubierto ahora con mayor claridad aún, como mis concretos y directos acusadores, pretendiendo imponerle a Casanello –a quien, repito una vez más, no conozco- la obligación de investigarme por hechos que ya se encuentran a conocimiento de otros juzgados.
En síntesis, persiguen multiplicar las causas judiciales en mi contra por los mismos hechos, vulnerando así prohibiciones expresas que establece la Constitución Nacional y tratando de impedir toda posibilidad de defensa como la que debe otorgarse y a la que tiene derecho cualquier persona.
¿Qué garantía de imparcialidad puede esperar cualquier ciudadano cuando los mismos jueces que deben evaluar de manera imparcial un caso, son los que acusan, valiéndose además de las falsas evidencias que vienen inventando los conocidos y conocidas denunciadores/as de siempre?
